Por colaboradora invitada Angela D. Nichols y colaborador Christopher J. Fariss
Desde la firma de los acuerdos de paz en 2016, 249 excombatientes de la FARC han sido asesinados y al menos otros 272 han reportado amenazas, revelando un patrón sistemático de violencia en Colombia. El que fue un grupo armado insurgente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), hoy convertidas en un partido político, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), sigue exigiendo respuestas y mayor seguridad por parte de la administración del Presidente Duque.
¿Qué está sucediendo?
Usando listas compiladas por la FARC e indepaz, hemos reunido información sobre 241 víctimas. De allí emergieron tendencias importantes e interesantes. Las gráficas de los datos (abajo) muestran la distribución de los asesinatos, desagregados por año y departamento. Los homicidios están concentrados en departamentos específicos; 137 o el 55 por ciento de los asesinatos ocurrieron en sólo 5 de los 32 departamentos de Colombia: Cauca, Nariño, Antioquia, Meta y Caquetá. En 2017, la mayoría de los asesinatos ocurrieron en Nariño. En 2018 y 2019 cambió a Cauca, y en el presente año la mayoría de los homicidios han sucedido en Meta.
Algunos podrían asumir que estos patrones están relacionados con el narcotráfico, pero de acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), “en 63 por ciento de los territorios cocaleros no se presentan homicidios contra excombatientes.” De hecho, la mayoría de los asesinatos sucedieron dentro o cerca de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), ahora llamados Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR), donde cerca de la mitad de los casi 13.000 desmovilizados de las FARC se establecieron de acuerdo al proceso de paz. Además, en los 5 departamentos donde la mayoría de los asesinatos han tomado lugar también se encuentran ubicados 14 de los 24 AETCR (58 por ciento).
Las amenazas cobran un precio a los residentes. 2.610 individuos, o menos del 30 por ciento de quienes se establecieron en los ETCR al comienzo, se han ido. Estas personas optaron entre la reincorporación individual o asentarse en uno de los 93 colectivos conocidos como Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), las cuales no son reconocidas oficialmente por el gobierno y por tanto no pueden recibir los beneficios entregados a los espacios formales de reincorporación.
En los peores casos, algunos ETCR han sido reubicados en su totalidad. Por ejemplo, las familias que estaban viviendo en el ETCR Santa Lucía, ubicado en Ituango (Antioquia), fueron reubicadas en Mutatá en Julio como resultado del incremento de asesinatos y la falta de seguridad. Complicando el asunto, los problemas de derechos de propiedad siguen siendo uno de los mayores obstáculos para la reincorporación exitosa de los excombatientes.
La mayoría de los excombatientes asesinados son hombres entre 20 y 40 años de edad. Solamente 4 de las 241 víctimas han sido mujeres, a pesar de haber conformado cerca del 40 por ciento de las fuerzas armadas de las FARC. Las mujeres enfrentan el estigma y la violencia de la postguerra, pero no son asesinadas con la misma frecuencia que los hombres.
El propio gobierno es acusado de intervenir en la violencia. A principios del 2019, generales y coroneles del ejército colombiano pidieron incrementar violentamente los esfuerzos utilizando un sistema de cuotas para “asegurar la paz”. Esto es alarmante porque poco antes del final de la guerra civil, incentivos similares llevaron a los falsos positivos o la matanza de entre 2.248 y más de 5.000 civiles inocentes disfrazados como combatientes.
En una audiencia pública reciente que duró ocho horas, el 25 de noviembre del presente año, el director de la unidad de acusación e investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz, Giovanni Álvarez, advirtió que “Está en juego la implementación del Acuerdo de Paz”, y sostuvo que “Uno de los patrones indica que hay un desmonte de proyectos políticos, económicos o comunitarios ligados a la implementación del Acuerdo de Paz en los territorios, a través de la eliminación de excombatientes que asumen roles de liderazgo.”
¿Qué se debe hacer?
En una investigación publicada recientemente, Angela D. Nichols argumenta que “Si el gobierno sigue evitando reconocer sus propias transgresiones a través de la legislación oficial, permitiendo a la vez la persecución no oficial de antiguos guerrilleros, las tensiones pueden reavivarse.” En efecto, desde su posesión, la administración de Duque ha intentado limitar y cambiar algunas funciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)—el brazo legal del sistema integral de justicia transicional y el acuerdo de paz—amenazando así la legitimidad no solamente de las instituciones, sino de todo el acuerdo de paz.
Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko o Timo, ex comandante guerrillero y actual líder político de la FARC, enfrentó un intento de asesinato y exhortó al Presidente Duque y a la comunidad internacional a realizar más acciones para detener los asesinatos. En una carta al ex Presidente Santos, Londoño instó al firmante de los acuerdos de la habana y Nobel de paz, así como a la comunidad internacional, a que reconozcan los esfuerzos de la FARC por cumplir los acuerdos de paz y reconocer la falta de conformidad, quizás incluso la voluntad quebrantamiento, frente al proceso de paz por parte de la administración de Duque.
Las demandas por acción culminaron en noviembre cuando más de 2.000 ex guerrilleros se reunieron en Bogotá siguiendo un peregrinaje desde el Meta para exigir que la matanza de los excombatientes cese y que el gobierno se comprometa de lleno con el proceso de paz. En respuesta a la peregrinación, el Presidente Duque se reunió con representantes de la FARC para discutir acerca de los asesinatos y sobre qué se puede hacer para detenerlos. Pero el Centro Democrático –el partido del Presidente—está actualmente promoviendo un referendo para revocar la JEP.
Una excombatiente comunicó la gravedad de la situación en una conversación con uno de los autores. “Nosotros vemos un nuevo conflicto llegando, y no queremos que [la historia] se repita. Necesitamos que el mundo y la comunidad internacional nos ayuden.” Esta persona solía estar llena de energía y emoción por la paz, pero a medida que la situación se deteriora pierde la esperanza. Ella no sentía temor por violencia dentro o cerca de su ETCR, el cual era una fortaleza de las FARC, pero ahora lamenta la falta de seguridad.
Con la intención de detener los asesinatos, el gobierno colombiano necesita considerar varias políticas. Para la primera y más urgente, ellos deberían identificar a los perpetradores y a los responsables de ordenar los asesinatos, así como acabar con las políticas que los incentivan. Se han hecho 33 detenciones pero aún hay mucha incertidumbre y disconformidad en cuanto a la naturaleza sistemática de estos asesinatos.
Segundo, los retrasos en detalles de seguridad y la acumulación de solicitudes dejan a muchos excombatientes de las FARC en vulnerabilidad y amenaza. La misión de la ONU en Colombia recomienda que se deben dar más recursos a la Unidad de Protección para incrementar la seguridad de los individuales.
Tercero, las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) necesitan seguridad cuando la piden. Mientras que las NAR no son reconocidas oficialmente por el gobierno, las amenazas de seguridad en estos espacios sí son legítimas, tanto como las que han ocurrido dentro y cerca de los AETCR, los cuales algunas veces también necesitan protección adicional.
Sobre todo, la comunidad internacional—gobiernos, organizaciones no gubernamentales e individuos involucrados en la supervisión de la implementación del proceso de paz—debería considerar las recomendaciones que se enfatizan en políticas que protejan a los excombatientes FARC, además de políticas diseñadas para asegurar el cumplimiento general del acuerdo de paz.
Angela D. Nichols es Profesora Asistente en el Departamento de Ciencia Política de la Florida Atlantic University. Christopher J. Fariss es Profesor Asistente en el Departamento de Ciencia Política y Profesor asociado en el Centro de Estudios Políticos de la University of Michigan. Los autores ofrecen un agradecimiento especial a Miguel Amaya y Dario por asistencia en investigación y traducción.